
El Real Murcia afronta el tramo final del mercado veraniego sin margen para reforzar su plantilla. El Comité Jurisdiccional de la Real Federación Española de Fútbol resolvió el pasado 12 de agosto suspender los derechos federativos del club murciano tras admitir una reclamación por impago, lo que le impide diligenciar fichas de nuevas incorporaciones mientras no regularice su situación.
La suspensión trae causa de al menos una reclamación presentada en julio ante el organismo federativo. Entre los antecedentes que han salido a la luz figura la deuda de 6.500 euros que el club mantiene con Football Promotions LTD, mercantil que gestiona los derechos del futbolista Antxon Jaso. Esta empresa solicitó amparo al Comité Jurisdiccional el 22 de julio después de que el Real Murcia incumpliera dos plazos de pago pactados, el primero fijado para el 30 de octubre de 2025 y el segundo para el 30 de marzo pasado.
Ante el requerimiento, la entidad que preside Felipe Moreno alegó el 27 de junio que no podía afrontar el pago al estar inmersa en un procedimiento concursal, argumento que también ha esgrimido en el expediente que ha desembocado en la suspensión de sus derechos. El Comité Jurisdiccional, sin embargo, ha rechazado en ambos casos que la declaración de concurso voluntario le prive de competencia para resolver este tipo de reclamaciones, apoyándose en un precedente de diciembre de 2019.
La dirección deportiva que encabeza Manolo Sánchez Breis pretendía cerrar antes del cierre de mercado, el 1 de septiembre, la incorporación de al menos un centrocampista con ficha sub-23 para apuntalar la plantilla de Sergi Guilló. Esa operación queda ahora condicionada a que el club salde la deuda reconocida en el fallo o alcance un acuerdo de pago con el acreedor.
El equipo, no obstante, podrá alinear a toda su plantilla actual en el primer partido liguero, el próximo sábado frente al Hércules en el estadio Rico Pérez, ya que todas las fichas de los futbolistas disponibles, incluida la del último fichaje, el delantero Álvaro Giménez, quedaron formalizadas antes de la resolución del 12 de agosto.
Para recuperar sus derechos federativos, el Real Murcia dispone de dos vías: abonar íntegramente la deuda y acreditarlo ante el Comité Jurisdiccional, o pactar con el acreedor un calendario de pagos. En ambos casos, al estar el club bajo supervisión concursal, corresponde al administrador concursal autorizar el desembolso en función de si lo considera necesario para la continuidad de la actividad.
Existe una tercera alternativa: que el juez del concurso ordene a la Federación levantar el bloqueo, al tratarse de una obligación anterior a la declaración de concurso cuyo pago individualizado podría contravenir el principio de igualdad entre acreedores. Una situación similar afecta actualmente al FC Cartagena, otro rival del grupo 2 de Primera RFEF, que negocia resolver cinco reclamaciones pendientes para poder inscribir jugadores.