
Los procedimientos concursales registrados entre abril y junio de 2026 encadenan su segundo descenso trimestral consecutivo, aunque la comparativa interanual sigue en terreno positivo con un avance del 20,2%. El Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles constata así una moderación del volumen de insolvencias respecto al arranque del año, sin que ello diluya la tendencia alcista acumulada frente a 2025.
Del total de 14.608 deudores concursados, 13.007 fueron personas físicas, lo que representa el 89% del conjunto. De este grupo, 1.382 desarrollaban alguna actividad empresarial o profesional, el equivalente al 9,5% del total de procedimientos y al 10,6% de los concursos de persona física. Los 1.601 restantes correspondieron a personas jurídicas, cuyo volumen creció un 11,6% en términos interanuales.
Por tipo de procedimiento, los concursos voluntarios —aquellos solicitados por el propio deudor— sumaron 14.554, mientras que los concursos necesarios ascendieron a 53, un 6% más que en el trimestre anterior. Los denominados concursos sin masa, que se activan cuando el deudor carece de bienes suficientes para costear el proceso, representaron el 83% del total, aunque cayeron un 14,3% respecto al primer trimestre. En sentido contrario, los procedimientos ordinarios crecieron un 2,3%, y las aperturas de procedimientos especiales para microempresas llegaron a 558, con un incremento del 5,1%.
Las sociedades de responsabilidad limitada concentraron el 92,8% de los concursos empresariales, con 1.486 expedientes, lo que refleja su peso predominante en el tejido productivo español. La fotografía económica de estas empresas revela una fragilidad acusada: casi la mitad, el 47,7%, facturaba menos de 250.000 euros anuales, y solo el 2,3% superaba los cinco millones de euros de ingresos.
El tamaño de las plantillas apunta en la misma dirección. El 42,5% de las sociedades concursadas contaba con menos de dos asalariados, y dentro de ese grupo, el 53,7% carecía de cualquier trabajador contratado. La antigüedad tampoco ofrece un perfil consolidado: el 60,3% de las empresas no superaba los ocho años de vida, frente a un 18,2% con más de dos décadas de trayectoria.
Por sectores de actividad, el comercio encabezó la estadística con el 22,1% de los casos, seguido de la construcción, con el 15,8%, y la hostelería, con el 10,9%.
La distribución territorial reproduce el patrón habitual de trimestres anteriores. Cuatro comunidades autónomas agruparon el 66,5% de la totalidad de los procedimientos abiertos en España:
En el extremo opuesto, Canarias fue la única comunidad autónoma que registró una caída interanual significativa, con un descenso del 17,8%, a la que se suman Ceuta y Melilla, con un retroceso del 10,5%. Los mayores incrementos porcentuales correspondieron a Navarra, con un alza del 94,8%, seguida de La Rioja, con el 45,5%, y Asturias, con el 38,3%.
La estadística del segundo trimestre de 2026 ofrece una señal mixta para los operadores del mercado concursal. El descenso trimestral del 11,8% apunta a una cierta estabilización de la litigiosidad, pero el mantenimiento de una tasa interanual del 20,2% indica que el tejido empresarial español no ha terminado de absorber las debilidades financieras acumuladas en los últimos ejercicios. La alta proporción de concursos sin masa y la predominancia de microempresas sin asalariados subrayan, además, la relevancia práctica de los mecanismos de segunda oportunidad previstos en el texto refundido de la Ley Concursal para aliviar la situación de los deudores persona física con actividad profesional o empresarial.