
Una de las novedades introducidas en el real decreto ley aprobado ayer en Consejo de Ministros es la posibilidad de extender los efectos del convenio general a los acreedores disidentes, incluidos los públicos. Es decir, que un grupo de deudores privados podrá obligar a Hacienda, la Seguridad Social, comunidades autónomas o ayuntamientos a asumir quitas de las empresas en fase concursal. Ahora bien, para que la propuesta de condonación de deuda pueda imponerse a todo el pasivo deberá contar un determinado porcentaje de votos a favor. Aquí es donde Hacienda se guarda un as en la manga.